El auge de las tecnologías de la información y comunicación y la ausencia de una autorregulación o regulación genera las condiciones para la creación de sitios web o cuentas en redes sociales que producen o reenvían información falsa, algunas veces con claras intenciones políticas, económicas o simple desconocimiento de la naturaleza del contenido digital y su impacto en las audiencias. 

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Para el caso de El Salvador en la coyuntura electoral de febrero de 2019 se detectaron numerosas Fake News,  y perfiles de usuarios falsos (trolls) que se encargaron de deslegitimar a algunas figuras políticas. Estas redes generan contenidos falsos que incluso fueron retomados por algunos medios de comunicación tradicionales que carecen de mecanismos de verificación de información.

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La falta de atención de este fenómeno desde un enfoque del derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión conduce a una creciente distorsión de la realidad, desde la cual la ciudadanía construye su opinión y toma sus decisiones. Al no tener medios de comunicación fiables a los cuales recurrir crece la desconfianza de las audiencias. 

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Si bien existen esfuerzos e iniciativas aisladas para la atención de este fenómeno, la ausencia de este debate y autorregulación en la sociedad que incorpore la participación activa de políticos, periodistas, medios de comunicación, ciudadanía y plataformas digitales ha dejado el camino abierto para la regulación punitiva de los fake media.

 

Reciente un grupo de diputados presentó una pieza de correspondencia que incorpora reformas a la Ley de Delitos Informáticos que consiste en penalizar de 4 a 8 años de cárcel, para quienes usen perfiles falsos en redes sociales, periódicos y revistas digitales sin personas responsables, poniendo en peligro el derecho a la libertad de expresión ante una aplicación discrecional de la ley. 

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Por todo lo anterior es importante la creación de un mecanismo que contribuya a frenar la divulgación de noticias y contenidos falsos a través de la creación de sistemas de “fact checking”, el diseño de un sistema de certificación de contenidos periodísticos y acciones de sensibilización hacia las audiencias que permita fortalecer estándares periodísticos. Además de crear condiciones para un ecosistema de medios sanos y fuertes que beneficie la labor periodística, la actividad comercial, pública y comunitaria de la comunicación social.