HONDURAS

Honduras es un país que afronta una crispación social y política generalizada, a raíz de la profunda crisis de 2009, acentuada por el proceso electoral en 2017.

En ese contexto, la sociedad afronta un conjunto de leyes y normas que regulan en exceso la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información.

Estas regulaciones llegan en este momento a un punto crítico con el nuevo Código Penal que entrará en vigencia el próximo noviembre.
 

Este Código criminaliza con penas carcelarias y multas el ejercicio de la libertad de expresión. Igualmente impone penas carcelarias  y administrativas a las fuentes periodísticas y limita el ejercicio del periodismo de investigación, e impone sanciones de responsabilidad civil y administrativa a los propietarios de los medios de comunicación social.

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El código regula y penaliza las “expresiones difamatorias y de calumnia” en redes sociales y los sitios web, igualmente sanciona a la cadena de la comunicación: dueños de medios, directores, periodistas, editores, jefes de información, productores, etc, incluyendo la figura del “honor a las instituciones” y de sus funcionarios.

Frente a esta profunda amenaza no podemos quedarnos de brazos cruzados y por ello, trabajamos en un marco para eliminar del Código Penal estas figuras y proponemos la autoregulación, mediante la puesta en práctica de códigos de ética, como parte de un ejercicio periódico responsable y ético.

Proponemos empoderar a los actores de la comunicación sobre la importancia y aplicación de mecanismos para fomentar el buen periodismo para un ejercicio robusto de la libertad de expresión y desarrollar un periodismo de calidad, crítico, riguroso, responsable y generador de confianza entre las audiencias.